Proyecto de ley busca regular el ejercicio de los agentes inmobiliarios en República Dominicana
El Congreso Nacional estudia un proyecto de ley que busca regular el ejercicio de la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana. La iniciativa establecería la obligación de que los agentes inmobiliarios cuenten con una licencia oficial, además de definir normas para proteger a los consumidores, prevenir fraudes y fortalecer la transparencia en las operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles.
Lic. Cesar Augusto Rodriguez Peguero
7/21/20262 min read
Un proyecto de ley que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso Nacional propone establecer un marco regulatorio para el ejercicio de la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana. La iniciativa exigiría que los agentes inmobiliarios cuenten con una licencia oficial para desempeñar sus funciones, con el propósito de fortalecer la transparencia del sector y brindar mayor protección a compradores, vendedores e inversionistas.
En la actualidad, la actividad inmobiliaria no dispone de una legislación específica que regule el ejercicio profesional de los intermediarios. Esta situación ha permitido que personas sin la preparación o autorización necesaria participen en operaciones inmobiliarias, generando casos de fraude, ofertas de propiedades sin respaldo legal y promesas de venta que no cumplen con las garantías correspondientes.
El proyecto establece que la supervisión de los agentes estaría a cargo del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), mediante un departamento especializado encargado del registro, control y fiscalización de la actividad inmobiliaria.
De acuerdo con representantes de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios (AEI), la propuesta legislativa ha permanecido en análisis desde el año 2023 en el Senado y la Cámara de Diputados. Aunque el Gobierno ha mostrado disposición para conocer la iniciativa, su aprobación aún no ha sido considerada una prioridad dentro de la agenda legislativa.
Entre los principales aspectos que contempla la propuesta se encuentra la obligatoriedad de obtener una licencia para ejercer como agente inmobiliario. Asimismo, se considerará publicidad engañosa cualquier información que pueda inducir a error sobre las características, disponibilidad, precio, condiciones de venta o entrega de un inmueble.
La iniciativa también prohíbe realizar operaciones de compra, venta o alquiler sin la debida autorización del propietario, utilizar fondos de los clientes para fines distintos a los acordados, adquirir propiedades que fueron encomendadas para su comercialización sin la autorización correspondiente, manipular precios mediante ofertas simuladas o cobrar comisiones que no hayan sido pactadas por escrito.
Además, los intermediarios deberán advertir a sus clientes sobre cualquier riesgo legal o financiero asociado a una transacción y actuar con la debida diligencia antes de recomendar una operación inmobiliaria.
En cuanto al régimen sancionador, el proyecto contempla multas que podrían alcanzar hasta 50 salarios mínimos, además de la suspensión temporal de la licencia y la inhabilitación para ejercer la actividad por un período superior a dos años en los casos de infracciones graves.
Finalmente, la propuesta reconoce como operaciones inmobiliarias todas aquellas sustentadas en contratos o documentos relacionados con la transferencia, arrendamiento, usufructo, intercambio o cualquier otra forma de negociación sobre bienes inmuebles, incluyendo los pagos y aportes derivados de dichas transacciones.
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